Al hablar del derecho a la salud se hace mención a un derecho humano fundamental instituido desde el año 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, siendo un pacto internacional de derechos e incluido en diversas constituciones nacionales.
El derecho a la salud constituye un derecho inclusivo, contiene una serie de factores que pueden favorecer una vida sana, por ejemplo, el saneamiento apropiado, el agua potable, la alimentación segura y escenarios laborales saludables. Para su concreción, demanda un conjunto de perspectivas sociales que posibiliten la salud de todas las personas.
Es una realidad que los programas y políticas en materia sanitaria pueden fomentar o vulnerar el derecho a la salud, según la forma en que se enuncian y se empleen. Por esta razón, resulta primordial que los administradores de salud velen por el amparo de medidas encaminadas a proteger y respetar los derechos humanos, expresada en una atención médica oportuna, igualitaria y de calidad. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expone 7 aspectos que serán presentados a continuación.
Accesibilidad. Hace referencia a las instalaciones físicas, bienes y servicios sanitarios, los cuales deben ser accesibles y físicamente asequibles para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación.
Disponibilidad. Se relaciona con la necesidad de que exista un número idóneo y suficiente de instalaciones, medios y servicios públicos salubres, así como, centros de atención médica que se encuentren en total funcionamiento.
Aceptabilidad. Implicando que las instalaciones físicas, medios y servicios sanitarios mantengan el respeto, apoyándose en la ética médica, manifestando sensibilidad a los asuntos de género y mostrándose adecuados desde una perspectiva cultural.
Buena calidad. Se trata de que las instalaciones físicas, los medios y los servicios sanitarios sean adecuados desde una visión científico-médica, contando con buenas condiciones.
Participación. Hace mención a que las personas favorecidas por el sistema de salud puedan exponer su punto en lo que respecta al diseño y la puesta en práctica de los programas y políticas de salud que les repercutan.
Rendición de cuentas. La cual demanda que los responsables sanitarios y los Estados presenten cuentas de sus obligaciones y de su desempeño efectivo en materia de derechos humanos, en el ámbito de la salud pública. Cualquier persona debe poder exigir un resarcimiento efectivo en el caso de que se vulnere su derecho a la salud.
Libertades. Tiene que ver con que las personas tienen licencia para consentir no someterse a tratamientos médicos específicos, por ejemplo, esterilización forzada o experimentos médicos, así como, a la tortura y otros tratos o penas inhumanos, degradantes o crueles.
Es importante comprender que el disfrute del derecho a la salud se encuentra íntimamente vinculado con otros derechos humanos como, por ejemplo, derecho a la vivienda, la educación, la no discriminación, el trabajo, la alimentación, la participación y el acceso a la información.
En relación con ello, las vulneraciones o el quebrantamiento de los derechos humanos pueden dejar como consecuencia considerables efectos sanitarios. Por ejemplo, la discriminación expresa o implícita al momento de prestar los servicios de salud transgrede derechos humanos fundamentales.
Por otro lado, cuando hay carencia de camas en un hospital, es común dar de alta de manera prematura a personas pertenecientes a grupos desfavorecidos. Esto genera altos niveles de readmisión, e incluso en algunas ocasiones, defunciones, constituyendo de igual forma un quebrantamiento a sus derechos al no recibir tratamiento oportuno.
De igual modo, se suele negar el acceso a los servicios y la atención en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva a las mujeres, englobando tanto los países en desarrollo como los considerados desarrollados. Esta trasgresión de los derechos humanos se encuentra intensamente unido a valores sociales concernientes a la sexualidad de las mujeres.
Esta problemática trasciende en algunas sociedades, en donde además del veto a la atención en salud sexual y reproductiva, es frecuente doblegar a las mujeres a intervenciones que vulneran sus derechos fundamentales como, por ejemplo, la esterilización, exámenes de virginidad o abortos.
Asimismo, es preciso certificar un acceso adecuado a medicamentos, debido a que estos también constituyen un derecho y un bien social, es decir, ofrecer disponibilidad, asequibilidad y un acceso pertinente a los medicamentos básicos, en apoyo del Estado.
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Como se ha podido observar a lo largo del contenido, el derecho a la salud es fundamental porque garantiza que todas las personas tengan acceso a los servicios de atención médica necesarios para mantener y mejorar su bienestar físico, mental y social. Además, este derecho promueve la igualdad y la justicia social al asegurar que nadie sea excluido de recibir la atención médica adecuada debido a su condición económica, género, raza u otras características. Al proteger y promover el derecho a la salud, se fomenta una sociedad más justa y equitativa, donde todas las personas tengan la oportunidad de disfrutar de una vida sana y plena.
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